Un blanqueo de capitales no se defiende por convicciones ideológicas. Pero las medidas económicas no siempre se toman por los intereses y principios que cada sector político defiende. Hay razones instrumentales en un contexto, al menos, inesperado. Tanto por la disparada del dólar ilegal o blue como por la necesidad de fondos frescos ante la falta de inversión y de oportunidades externas. Este sorpresivo anuncio de funcionarios del equipo económico puede defenderse desde el pragmatismo. Pero es preciso interrogarse acerca de los riesgos que genera. En concreto, si hoy se elevaran las tasas de interés para generar instrumentos de ahorro atractivos, se generaría un efecto negativo en el crecimiento económico. Esto es, crear algún instrumento con rentabilidad atractiva en pesos, de inmediato, se encarecería el crédito y la economía se enfriaría. Convengamos que la tasa de crecimiento para este año, para los economistas más cercanos al Gobierno, ronda entre el 2 y el 3%. El cálculo del Presupuesto 2013 se hizo con una visión moderada del 3,5%. Los detractores, por su parte, lo bajan hasta el 1%. Cabe consignar que desde 2003 la tasa promedio fue del 8%. Con la salvedad de 2009, cuando el PBI creció apenas 0,9%. Quedó claro que se debió a la crisis financiera de los países centrales, dado que en 2010 y 2011 el crecimiento fue robusto (7,5% y 8,9% respectivamente).
Para entender el proyecto de ley de los Certificados de Depósito para la Inversión Inmobiliaria (Cedin) y los Bonos Argentinos de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade), no alcanza con ver la variable del crecimiento del PBI. Sin embargo, teniendo en cuenta que éste es un año electoral, es preciso recordar que las legislativas de 2009 dejaron al kirchnerismo con magra cosecha mientras que en 2011 el repunte de votos fue notable. Basta repasar las cifras de uno y otro año para darse cuenta cuánto pesa en el imaginario político del Gobierno la posibilidad de un crecimiento promedio bajo: hace cuatro años, el Frente para la Victoria tenía un promedio nacional de 33,3% de los votos, mientras que en las presidenciales Cristina Kirchner cosechaba el 54%. La variable del crecimiento económico tuvo un impacto crucial en las diferencias obtenidas.
El otro elemento que jugó un papel importante en los anuncios de esta semana es, sin duda, la disparada del dólar paralelo hasta traspasar la barrera de los 10 pesos.
El dólar. Las restricciones cambiarias que comenzaron en noviembre de 2011 no sólo incidieron en las limitaciones para la compra de dólares en los particulares. Un aspecto menos abordado fue –y es– la restricción a las empresas de transferir beneficios al exterior y también las limitaciones para las importaciones. El país en 2012 tenía serios compromisos de deuda en dólares y fueron cumplidos. Pese al cumplimiento, las posibilidades para acceder al llamado mercado voluntario de deuda no mejoraron. Ante las restricciones cambiarias y comerciales, el comportamiento de sectores empresarios beneficiados en esta década fue muy dispar. Por caso, las empresas mineras. La canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan el mayor yacimiento de oro, en Veladero, bajó sus operaciones y afirma que las expectativas para 2013 son la mitad de lo producido en 2012. En Mendoza, la brasileña Vale se bajó repentinamente de la adjudicación de cerro Colorado, donde tenía prevista una inversión muy grande para extraer potasio. Pese a que el país no había cambiado tanto desde la adjudicación hasta el abandono del proyecto, los argumentos de Vale fueron a coro con las críticas de la oposición: dólar devaluado e imposibilidad de girar ganancias. Mientras tanto, otras explotaciones mineras, como las de cobre en Catamarca, siguen con su ritmo habitual y tienen una serie de proyectos en evolución. En un contexto de incertidumbre a nivel internacional, las grandes corporaciones extranjeras no toman decisiones en base a lo que pasa en la Argentina. La demonización de los detractores del Gobierno los lleva a ignorar el delicado contexto.
Pese a la gran resistencia de sectores medios y las presiones empresarias, el lado bueno fue que el Gobierno defendió la necesidad de basar la economía en el fortalecimiento de la moneda nacional. Es probable que no se haya aplicado un plan homogéneo para poder lograrlo. Es posible que la emisión monetaria haya presionado a la inflación, aunque desde ya no es la principal causa del aumento sostenido de los precios.
A su vez, muchas empresas se encontraron con serias limitaciones en sus cuentas externas. Por ejemplo, a las que tienen un alto coeficiente de importación, se les puso freno hasta que compensaran la salida de divisas con la exportación de productos, aunque no fueran del rubro propio. Algunos importadores de autos de alta gama encontraron consultores que los ayudan a conseguir productos agropecuarios que venden al exterior. Se trata de mecanismos que pueden parecer novedosos pero que resultan difíciles de imponer. Aunque estas medidas de contingencia estaban destinadas a resguardar las reservas del Banco Central, éstas cayeron. En los tres primeros meses del año cayeron 2.400 millones de dólares quedando en 40.823 millones de dólares. En abril cayeron otros 1.000 millones.
En cuanto a las medidas para hacer frente a la suba de precios, también las iniciativas parecieron dispersas, algunas efímeras. Por ejemplo, las ventas de carne de cerdo o de pescado a precios realmente atractivos no se asentaron. Tampoco tienen incidencia las compras comunitarias en el Mercado Central, que eran una alternativa para los sectores populares del conurbano y una política que podría haberse llevado a otros distritos. Se anunció una tarjeta de crédito para compras en supermercados (gratuita y con un bajísimo costo de financiamiento), para hacer frente a las tasas usurarias de las tarjetas de crédito tradicionales.
La generación de empleo no tiene para nada el ritmo de los primeros años de gobierno. Sin una inyección de inversión, los temas esbozados sumariamente y otros más, amenazan con complicar la distribución del ingreso a favor de los sectores más desfavorecidos.
Dinero negro. Los nuevos certificados que se emitirán para estimular la industria de la construcción y fondear YPF tienen un costado atendible. Son dos sectores vitales. La construcción porque ocupa mucha mano de obra y dinamiza a otros sectores. El freno en el sector se debe a que los inversores y compradores se resisten a pesificar las operaciones inmobiliarias. Y éstas cayeron, aunque en los últimos meses empezaron a venderse las llamadas “unidades en pozo” (es decir, edificios en barrios caros financiados por los mismos compradores) en pesos. Los asesores inmobiliarios los ofrecen como un refugio de ahorro. Pero no compitió, al menos en la mente de los sectores medios, con el bombardeo del dólar paralelo.
¿Y de qué servirá volver a dolarizar el mercado inmobiliario? Desde ya, las cámaras Inmobiliaria y de la Construcción, que siguen la lógica inversora y no social de la vivienda, ya se mostraron a favor de estos anuncios. En los barrios ricos de Rosario, en Puerto Madero o los Palermos de moda, abundan inversiones cuyos titulares no son personas físicas sino los llamados fondos fiduciarios de inversión directa. Ni más ni menos que ventajas para los fideicomisos, cuya modalidad permite inversiones cuyo origen se mantiene en reserva. Varias de ellas de las llamadas sociedades off shore instaladas en paraísos fiscales. Esto sucede en todo el mundo, no es un invento argentino.
Lo que no puede dejar de señalarse es que desde 2003 se inició un camino para intentar salir de la lógica perversa del capitalismo financiero. Prueba de ello es el gran esfuerzo para pagar la deuda externa renegociada. Aun con los serios problemas de implementación, la idea de revalorizar el peso argentino fue tomada con entusiasmo por amplios sectores con tradición política peronista y de otras corrientes populares. Ahora se vuelve al dólar por un camino sinuoso y desconocido. Es probable que en los próximos meses, esta oportunidad de certificados en dólares que se comercializarán en mercados secundarios convivirá con las restricciones de comprar dólares del viajero o con la realidad de una empleada doméstica que mandar ayuda a su familia en Perú a través de Western Union con pérdidas grandes de lo poco que pudo ahorrar.
Mientras que alguien con dólares sacados (legal o ilegalmente) del circuito ahora va a tener una oportunidad de negocios.
Con un agregado: los comunicadores del Grupo Clarín baten parches instalando que esto es una maniobra para blanquear plata sucia de allegados al Gobierno. Una trama conspirativa destinada a forzar la impunidad de su concentración de negocios por vía judicial. Mientras los opositores hablan hasta el cansancio de los negocios de Cristóbal López, varios medios cercanos al Gobierno arremeten con los dólares sacados por Héctor Magnetto. El titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, aclaró que ni uno ni otro, así como todos los que estén imputados por presuntas operaciones de lavado, van a poder operar con estos nuevos instrumentos.
El peso de la verdad. En estos últimos diez años quedó claro que cuando hay decisión de la sociedad, del pueblo y de sus autoridades, se puede avanzar en temas que parecían imposibles. Los juicios por delitos de lesa humanidad muestran la decisión obsesiva de Madres, Abuelas, Hijos, antropólogos forenses, de recuperar cada nieto, cada hueso, cada historia de vida. Es algo –aunque en un terreno completamente diferente– que podría servir de estímulo para avanzar con decisión sobre la presunción (según la AFIP, en base a datos cruzados con organismos internacionales) de los 160 millones de dólares en negro, de los cuales 120 mil estarían fuera de la Argentina y 40 mil en “el colchón”. Si la Unidad de Información Financiera tuviera los recursos como para avanzar en eso quizá podríamos ponerle cara, nombre, ruta y métodos a esta nebulosa que damos en llamar “dólares en negro” y que ahora, blanqueo mediante, serán sólo dólares.
No todas las decisiones de política económica del actual Gobierno fueron o son virtuosas y alimentan el llamado modelo. Sí lo son la Asignación Universal, la jubilación digna, la creación de empleo, las Convenciones Colectivas en funcionamiento, el impulso a la educación, a la obra pública y a la innovación tecnológica, entre otras tantísimas cosas.
En este tiempo complejo, contradictorio, hay que atreverse a poner en cuestión varias cosas. Diez años dejan deudas sociales y también interrogantes. Sobre los niveles de concentración y extranjerización, sobre el comportamiento de los precios, sobre la participación de las organizaciones de los trabajadores y los empresarios en los diseños y puesta en marcha de las políticas económicas, sobre el acceso a la información pública y al control de gestión de los actos públicos, entre otros tantos asuntos públicos.
Puede sonar razonable que la primera explicación para neutralizar esos temas sea que la oposición es cavernícola y que el Gobierno sigue teniendo importantes niveles de aceptación. Ese criterio se sustenta en que los debates sobre estos temas no deben ser públicos para no limar el apoyo popular. Pero la credibilidad es algo más importante y que debe convivir con el apoyo o la disidencia. La credibilidad en la política y también en la comunicación periodística.