La Santa Inquisición bonaerense

Durante el último año aumentaron un 30 por ciento las torturas y los malos tratos en las cárceles de la provincia.

• Fuente: Raúl Arcomano (Miradas al Sur). Publicado por LA CANTORA

Maximiliano Zapata Osores está detenido desde hace seis años y pasó por más de treinta cárceles. La última es la unidad 32 de Florencio Varela. Allí estuvo diez días metido en un buzón de aislamiento. No estaba sancionado, pero lo tenían allí porque no habían terminado sus trámites de ingreso. No le dejaban recibir visitas. Maximiliano empezó a golpear la puerta de su celda, como forma de reclamo. La respuesta de los guardias fue dispararle con balas de goma. El se tapó con una frazada. Entraron siete penitenciarios y lo golpearon con palos, lo patearon y lo trompearon. Después fue llevado esposado a la enfermería. Fue atendido por una enfermera o médica que no lo curó ni le recetó ningún remedio. Las lesiones –aunque no todas– constan en su historia clínica. Cuando lo llevaron de regreso a su celda, sus guardias le tenían reservado un nuevo castigo: le ataron las manos con una soga y lo colgaron de una abertura en la pared, al lado de la puerta de ingreso. Apenas rozaba el piso con las puntas de los pies. Lo dejaron así entre siete y ocho horas. No fue la primera vez de Maximiliano: fue torturado en los camiones de traslado, reprimido con gas pimienta, quemado con cigarrillos, mojado con manguera de incendios. Su cuerpo es un archivo de cicatrices.
Ese es el menú de malos tratos y torturas que se sirve, demasiado a menudo, en las cárceles del distrito bonaerense. Que quedó confirmado una vez más esta semana, con la presentación del séptimo informe anual sobre cárceles y comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria. De acuerdo con los datos de esta organización, las denuncias por violaciones a los derechos humanos en las prisiones de la provincia aumentaron un 30 por ciento durante el último año. Durante 2011 se registraron 7.089 denuncias por casos de tortura y maltrato. Los principales tipos fueron: falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, aislamiento, malas condiciones de infraestructura, problemas de alimentación y golpes.
Hubo, por otro lado, 10.458 situaciones violentas informadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La clasificación de hechos que realiza el SPB no contempla la violencia de los guardias sobre los detenidos. Por eso, no se informan agresiones o amenazas padecidas por los presos. Del total, se informó, 2.093 fueron hechos de represión con armas de fuego con postas de goma. En 8 de cada 10 casos se lesionó el cuerpo de los detenidos. Los datos se obtuvieron luego de 120 visitas que realizan por año a unidades penales, comisarías, destacamentos policiales y centros de detención de niños.
El trabajo señala también que el año pasado murieron 126 personas en 39 de las 54 cárceles. El 40 por ciento (47 casos) fueron por causas traumáticas. El resto, (75 casos): 18 fueron por sida, 4 “sin especificación” y en 25 casos “se consignó paro no traumático”. El informe también evidenció uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario: la sobrepoblación, con nichos de hacinamiento. Actualmente en la provincia existen 18.640 plazas en las que se alojan 27.991 detenidos. De ese total, el 28 por ciento tiene entre 18 y 24 años, el 41 por ciento de 25 a 34 años, el 18 por ciento de 35 a 44 y el resto más de 45 años. En ningún caso se respetan los estándares internacionales que prevén 7 m2 por cada detenido.

Reformas y mejoras. La CPM presentó una copia del informe a Daniel Scioli. Fue en una reunión que mantuvieron con el gobernador, de la que no participó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. “Destacamos que las prácticas de torturas y malos tratos han sido reconocidas por el Ejecutivo provincial. Scioli sabe que tiene allí un problema y se comprometió a tomar las medidas necesarias para resolverlo”, señala a Miradas al Sur Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura de la comisión. “Nosotros hemos sido siempre muy críticos de la gestión de Casal. Pero más allá de los hombres, hay que tomar decisiones estructurales, que trasciendan. Las principales: reformar y mejorar las instituciones policiales y penitenciarias. El poder político tiene que ser quien diseñe las prácticas y debe tener un fuerte control civil sobre esas fuerzas, con auditorias externas.” Otra aspiración es quitar a la Policía Bonaerense la investigación penal de los delitos complejos. “Porque arbitrariamente arman causas para que se trabaje para ellos, o a situaciones de ineficacia”, aportó el secretario ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera.
Andrea Casamento preside la ONG Familiares de detenidos en cárceles federales. Su hijo mayor estuvo preso en el complejo de Ezeiza en 2004, “acusado de un delito que no cometió y del cual salió absuelto en el juicio”, cuenta a Miradas al Sur. Allí conoció a su marido. “Está preso en el mismo lugar por un delito que sí cometió. Nos casamos en la cárcel de Ezeiza hace ocho años.” Es una voz autorizada para hablar del sistema carcelario: desde hace ocho años recorre juzgados, cárceles, defensorías, compartiendo con presos y familiares situaciones similares. “Intentado encontrar alguna repuesta de parte del Estado”, dice.
“No sólo en el SPB se tortura, sino también en el Federal. Para que esto se termine debe haber una clara y firme decisión política y una sociedad que acompañe.” Casamento se queja del doble discurso que hay sobre este tema. “Resulta que nadie avala los malos tratos y las torturas, pero cuando estos hechos son denunciados nadie se escandaliza. Sólo preocupa que los presos no vayan a salir.”
Para Casamento, es necesario derogar la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, creada por la dictadura de Lanusse en mayo de 1973, tan sólo unos días antes de la asunción de Perón. “Hay que discutir un nuevo servicio penitenciario. Desmilitarizado, reducido, que sólo cumpla una función de custodia externa de las unidades penitenciarias. El resto de las actividades que se realicen dentro de la cárcel deben desarrollarse desde las instituciones públicas respectivas: el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social, el de Trabajo, etc.” Y propone dos puntos más: el tratamiento en el Senado de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y un acceso sin condicionamientos a los centros de detención para las ONG que trabajan con personas privadas de la libertad.

Violencias: Mujeres y trans, las más vulnerables

El Servicio Penitenciario Bonaerense aloja a 1.205 mujeres “en un sistema carcelario diseñado, pensado, desarrollado y controlado por y para hombres”, dice el informe. De estas mujeres detenidas, 17 estaban embarazadas, 74 estaban detenidas con sus hijos/as, y 91 chicos/as se encontraban detenidos/as con sus madres. “A la violencia inherente a las instituciones penitenciarias, se le suma la violencia de género como una forma de la tortura específica, ejercida tanto por personal femenino como masculino. Durante el año 2011 se incrementaron los hechos de violencia informados por el SPB: de 254 registrados en 2010 a 419 en 2011”.
Las personas trans que adoptaron una identidad de género femenina son las más vulnerables dentro de las unidades penales. No hay espacios de detención pensados para alojarlas, por lo que son obligadas a permanecer en unidades penales masculinas. Los únicos pabellones destinados para el alojamiento de personas trans son los denominados de “homosexuales”, donde conviven con gays y personas con causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual, primando el criterio de “desviaciones sexuales”.

Diego Candia: “La droga en los penales la ingresa la policía y es moneda de cambio”

Diego Candia, integrante de la Asociación Civil La Cantora contó sobre el habeas corpus que presentaron en la tarde del lunes luego de los incidentes que se generaron en la Unidad Penal Nº 1. Dijo que la policía ingresa drogas al Penal que los tratamientos de  parte de la policía para con los internos hacen que se viole la ley dos o tres veces para poderla cumplir una vez.

“Nos enteramos por el familiar de un chico que estaban sacando a los buzones y eso causo la revuelta. La familia estuvo en la puerta del penal y no los atendió nadie porque estuvieron como hasta las 19.30 o las 20 y las familias que se movilizaron quedaron preocupados porque no los atendió nadie”, refirió Candia quien agregó que las familias sufren requisas de todo tipo que lindan con los vejámenes.

El referente de la asociación también agregó que “la droga en los penales o en la Alcaidía la ingresa la policía y es moneda de cambio, se le vende, no es que se la regalan”, refirió Diego Candia sobre el supuesto ingreso de drogas al sistema carcelario.

“Es parte del gran negocio que significa el Servicio Penitenciario para algunos que son los que tiene relación directa con los internos y para las jerarquías del Servicio Penitenciario que atienden un penal no desconocen esto, lo saben perfectamente”, refirió.

Candia hizo referencia a un arma encontrada hace varios días atrás en la Alcaidía de Viedma y dijo que “en un penal no podes encontrar un 38 y no saber de quién es. La lectura que hacemos nosotros es que el arma la ingresó la policía a través de pibes que trabajan para ellos para causar el efecto en los medios de decir que estaban armados y que corre riesgo la integridad física de los policías que atienden en los penales”, refirió Candía.

Hablo sobre la muerte de José Cid en el año 2007 y mencionó al subcomisario Muñoz como el responsable político de esa situación. “Era Jefe de Seguridad Interna, en ese puesto se baja línea de cómo es el tratamiento. Cid muere en una pelea con otro preso cuando le faltaban cinco días para irse en libertad. Era claro que Cid trabajaba para la policía, eso estaba claro y no se hizo cargo absolutamente nadie de esa cuestión. A Muñoz lo sacaron de ahí y esta nueva gestión lo premia y lo pone de Director”, refirió Candia.

Sobre los tratamientos a los internos en los penales de Río Negro dijo que “estamos en graves problemas. No podes violar la ley 2 o 3 veces para hacerla cumplir”, refirió y agregó que el problema de los jóvenes en conflicto con la ley dentro del sistema carcelario se vuelve incontrolable.

La plancha farmacológica

“Un pibe de la villa (pabellón de ingreso) esta 20 horas encerrado por día y eso se logra a través de pastillas. La policía suministra pastillas a través de psicólogos, médicos y enfermeros. Hay un mercado negro de pastillas que va a parar todo al sistema carcelario, pero sobre todo a ese pabellón. Cuando se destapan ocasionan problemas, heridos, muertos, que los pibes violen los códigos tumberos, a eso nos referimos con el tratamiento. El edificio puede estar hecho pedazos, pero cuando el tratamiento es bueno que los pibes tienen actividades recreativas, artísticas, que van a la escuela y a laburar, esa cuestión cambia”, remarcó Candia.

Desde la Cantora presentaron un habeas corpus colectivo con la intención de que la justicia se haga eco de la situación que se planteó en la Unidad Penal.

Cómo se paró el disturbio

“Tenemos que ser honestos y Walter Puebla en eso tiene experiencia. Viene del Servicio Penitenciario Federal y es un hombre que entra a los pabellones, es muy importante porque muestra autoridad sin andar con un fierron en la cintura. Sabemos que es uno de los autores del dialogo, pero los pibes ya estaban quemados y golpeados”, remarcó Diego Candia quien agregó que “Puebla está luchando contra las fieras que es la gente que tiene laburando en el Servicio Penitenciario con las internas policiales. Todo pasa ahí adentro y la moneda de cambio son los pibes. Creemos que Puebla tiene buenas intenciones, pero que no puede acomodar al Servicio Penitenciario sino empieza a cortar cabezas, tiene que sacar a los que roban la comida, los que pegan y a los especialistas en los disturbios, sino saca eso, esto puede acarrear un problema mayor”, concluyó Diego Candia.

 

http://delitometro.com.ar/diego-candia-la-droga-en-los-penales-la-ingresa-la-policia-y-es-moneda-de-cambio/

Lola Aniyar de Castro en Argentina: “¿Cómo es posible que se condene a quien no sabe leer ni escribir?”

La reconocida criminóloga venezolana estuvo de visita en nuestro país para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Martín. A la vez, participó del Seminario Internacional de Criminología Latinoamericana junto a destacados estudiosos del tema, entre ellos Eugenio Zaffaroni. “La Penitenciaría no es más que la redención a través del dolor. Es el campo de las no garantías, de la vulnerabilidad que facilita el guante de hierro. La cárcel es el crisol donde se ha fundido la clase enemiga”, dijo Lola en su intervención, dedicada a los estudiantes privados de su libertad que conoció en la Unidad 48: “Lo más importante que me pasó en este viaje”.

Eugenio Raúl Zaffaroni, Nilo Batista, Alejandro Alagia, Julio Virgolini, Juan Pegoraro, Vera Malaguti, Ignacio Anitúa y Máximo Sozzo acompañaron a la docente, escritora y criminóloga Lola Aniyar de Castro en el Seminario Internacional de Criminología Latinoamericana, celebrado el pasado viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, en Buenos Aires. Horas antes, durante la jornada previa, Lola había sido agazajada en la sede de la Universidad Nacional de San Martín, para recibir el Doctorado Honoris Causa por parte de esa institución. Las imágenes de ambas jornadas pueden verse visitando nuestra galería en este enlace.

Durante su participación en el Seminario, la Dra. Aniyar de Castro centró su intervención en la condición de los pobres como víctimas de un sistema exclusivo, observable en la cárcel, “crisol donde se ha fundido la clase enemiga”. Según su mirada, el sistema penal moderno opera exclusivamente para regular a los pobres, valiéndose de “la cárcel como su arma de guerra”. En este sentido, “la Penitenciaría no es más que la redención a través del dolor. Es el campo de las no garantías, y esa vulnerabilidad que genera facilita el guante de hierro. Todo derecho penal es derecho penal del enemigo y su clase”.

Lolita -como la saludaron afectuosamente todos los disertantes al acentuar su altísima calidad académica y humana- acompañó gran parte de su discurso con el relato de una experiencia reciente que, según ella misma resaltó, significó “lo más importante de este viaje” a la Argentina. Se trató de su vista al Centro de estudiantes que la UNSAM posee al interior de la Unidad 48 de San Martín. Allí interactuó y se emocionó con las personas privadas de su libertad, una de las cuales estaba en la sala asistiendo al Seminario, y a quien Lola dedicó “estas palabras del corazón”. A su vez, en un comentario que despertó el aplauso espontáneo de la concurrencia, la profesora relató haber conocido en la Unidad 48 a un adulto mayor, detenido, que le confesó ser analfabeto. “Cómo puede ser que se condene y encierre a una persona que no sabe leer ni escribir”, sentenció Lola.

Entre quienes acompañaron a Aniyar de Castro en el panel temático sobre “Criminología, poder y pobreza en América Latina” se encontraba Alejandro Alagia, por la Universidad de Buenos Aires, quien vinculó la cuestión del derecho penal con su disciplina de incumbencia, la Antropología, señalando entre ellas un “mal encuentro”. A través de rescatar una clasificación posible de los grupos sociales -entre aquellas sociedad que no poseen poder punitivo y aquellas que sí lo poseen- Alagia se esforzó por demostrar el carácter “no necesario” de la pena punitiva y el castigo, acentuando que es equívoca la asociación entre estas prácticas y las dinámicas sociales de venganza. “Lo que más se emparenta al poder punitivo como hoy lo conocemos es la práctica del sacrificio, que era marginal en la mayoría de los pueblos primitivos”.

Por su parte, Julio Virgolini, también profesor de la Universidad de Buenos Aires, retomó el título del panel para proponer centrarse en la cuestión del poder. Desde allí reflexionó en torno a los vínculos entre pobreza y riqueza. “No hay pobreza sin riqueza. No hay poder sin sometidos”. En este sentido, el Derecho sería una regulación de la violencia. “El poder político en su esencia es violencia”, afirmó Virgolini, al tiempo que retomó a Alexandro Barata para diferenciar entre un derecho a la seguridad (adquirible en cualquier mercado) y otro a la seguridad de los derechos (que implica el verdadero respeto de los derechos fundamentales de las personas).

Cuando fue el turno del profesor Juan Pegoraro, sociólogo de la UBA, el debate dio espacio a la reflexión en torno al “otro delito”, del que jamás se habla públicamente cuando se plantea la cuestión de la “inseguridad”. Se trata de los delitos económicos, de “cuello blanco”, que según acentuó Pegoraro, “son los que mayor daño social causan”. De modo muy didáctico, valiéndose de la proyección de estadísticas y datos históricos, el profesor organizó su intervención en función de develar el mecanismo complejo e interdisciplinario de estos fenómenos delictivos, remarcando la conformidad corrupta que cotidianamente encuentra a la democracia con los procesos de concentración de mercado.

Quien hubo inaugurado la mesa, la docente brasileña Vera Malaguti, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, decidió realizar una lectura entre lineas de su trabajo “Localización y peligro: el control espacial de la población en Río de Janeiro”. “Más que reflexionar sobre cómo pensamos la cuestión criminal, la pregunta debería ser ¿cómo sentimos la cuestión criminal?”, consideró Malaguti. Centrándose en la experiencia de su país, señaló que se crean murallas de orden para controlar a los considerados peligrosos, dando lugar a un Estado de Policía opuesto al Estado de Derecho. “Hay una remilitarización en la democracia donde el elemento central es el territorio”, indicó haciendo alusión a una “geografía del miedo” donde es posible diferenciar las supuestas imagenes de un pantano y la un jardín. “Secuestro de la ley”, “imperio del terror”, “en el calor de los combates”, “la amenaza de las favelas”, completó su análisis Malaguti a través de la lectura de títulos de diarios brasileños en los años `90.

Criminología y seguridad pública en el contexto latinoamericano

La actividad del Seminario Internacional de Criminología Latinoamericana había comenzado durante la mañana, con la participación del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en el primero de los dos paneles de la jornada. En su intervención, el juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación centró sus esfuerzos en desmitificar lo que entiende como un proceso de victimización del homicidio: “Argentina junto a Chile y Uruguay tiene uno de los índices más bajos de homicidios de toda la región de América Latina. A esto se suma que, en los últimos diez años, hay una tendencia al descenso del 30%. La concentración de homicidios se da en las zonas más precarias de la ciudad. El resto de la ciudad, tiene una tasa que se asemeja a la de los países europeos. El predominio no es el de muertes en ocasión de robo, sino el de homicidios que se da entre conocidos”.

Frente a esta realidad, Zaffaroni antepuso la larga tradición de manipulación que existe en el discurso político sobre la violencia criminal. “Hay una coincidencia entre los intereses de las corporaciones policiales de sostener su caja y los medios masivos de comunicación”, afirmó, explicando que según la conveniencia o no entre el establishment y el gobierno de turno, los medios “muestran que el enemigo está contenido y no se proyecta una explosión de la criminalidad” o “generan una sensación de inseguridad y publicitan los muertos en los diarios”. En referencia al contexto actual, observó que “las corporaciones no están a gusto por lo que existen brotes vindicativos. Aparece la figura de la víctima héroe; se potencia la autonomización policial y aumenta el número de presos ya que la presión mediática genera temor en los jueces que reducen el número de excarcelaciones; hay una reforma de los códigos procesales, traducido en un mayor poder punitivo”.

Quienes acompañaron al juez de la Corte Suprema en esta primera mesa fueron Nilo Batista, de la Universidad del Estado de Río de Janiero; Ignacio Anitúa, de la UBA; y Máximo Sozzo, de la Universidad Nacional del Litoral. Batista centró su discurso en la crítica al concepto de Seguridad pública, considerando necesario pensar la Criminología separada de la seguridad pública. Sobre esto, propuso hablar, por ejemplo, de una Secretaría de Garantías individuales pero no de Seguridad.

A su turno, Ignacio Anitúa apuntó contra la reducción de la cuestión de la seguridad a una cuestión penal. “Hay un aumento de utilización de recusos de la violencia, por tanto más poder punitivo. Esto, a su vez, deriva en un aumento del miedo ante una supuesta pérdida de protección. Esto implica el darse cuenta de que en la globalización no se puede estar incluido para siempre, por lo tanto, aparece el miedo a caer”. A la vez, el profesor de la Universidad de Buenos Aires consideró que los discursos actuales hacen eje en el chivo expiatorio, un ajeno es el sujeto de la inseguridad, a la vez que utilizan un lenguaje que pretende ser apolítico.

Máximo Sozzo, quien inauguró las intervenciones de este panel, hizo hincapié en considerar a la Seguridad como un objeto complejo, frente al que se debería “adoptar una posición constructivista y alejarse de un punto de vista sustancialista”. De forma muy clara y puntillosa, Sozzo diferenció tres puntos en los que se visualiza la “crisis del delito”: La relación simple con el delito como lugar de reunión de los efectos del fenómeno; lo que se dice sobre el delito a través de los medios de comunicación, el crecimiento de los mecanismos de autoprotección como burbujas de seguridad. Ante esta crisis, se presentan dos grupos de respuestas gubernamentales para hacerle frente: Por un lado, las respuestas nostálgicas, que implican un endurecimiento de la política y la práctica policial; mayor severidad de la legislación penal; mayor punitividad de la administración judicial; aumento de la tasa de encarcelamiento con y sin condena. Por el otro lado, las respuestas adaptativas, que incluyen el renacimiento de la prevención del delito, las reformas policiales, un lenguaje de “democratización social” con déficit, la importación de discursos como el de “policía comunitaria”, “policía barrial”, etc., la reforma de la justicia penal y búsqueda de “eficacia y eficiencia”. En definitiva, un panorama complejo y por demás contradictorio, con algunas salidas posibles a la mano, siempre que no se asienten en la simplificación punitiva.

 

Costumbres penitenciarias

Un motín tuvo lugar en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma durante la tarde de ayer. La versión oficial, habla de “problemas disciplinarios” de parte de los internos que luego derivaron en el hecho. Las extraoficiales, hablan de un incidente fogoneado por factores externos. Una tercera versión hablaba sobre un supuesto ingreso de armas a la unidad, y por las cuales se habría generado el conflicto. Sin embargo, ésta última no podemos confirmarla, aunque tampoco descartarla.

Existen dos formas básicas de protesta carcelaria. Una es la huelga de hambre. La otra es el motín. También podemos decir que hay tres motivos principales por los cuales estas protestas se llevan adelante: los agravamientos a las condiciones de detención, el maltrato por parte de agentes penitenciarios hacia familiares de los detenidos, y la desidia, perversidad y aletargamiento de las prácticas judiciales.

Lo ocurrido en la tarde de ayer tuvo como origen el agravamiento estructural de las condiciones de detención del Penal Nº 1. Según versiones oficiales, a causa de una sanción disciplinaria, dos detenidos fueron trasladados a las celdas de castigo de la Unidad, lo que habría provocado la reacción de los demás internos. Hecho que supuestamente derivó en quema de colchones y rotura de algunas instalaciones. La intervención del cuerpo antimotines para sofocar el incidente, tuvo como saldo tres detenidos con heridas y quemaduras. Afortunadamente, las lesiones fueron leves.

Pero los cuerpos hablan. Si bien los heridos que revestían gravedad, según fuentes médicas, los detenidos ingresaron bajo un fuerte estado de shock por la situación vivida. La supuesta “sanción disciplinaria”, provino de una serie de reclamos por parte de los detenidos a causa de las malas condiciones de detención y encierro continuo en las celdas. El hecho que fueran sacados por personal penitenciario de sus celdas, para ser enviados al sector de “buzones” de castigo durante el horario de visita familiares, provocó la reacción del resto de los detenidos.

Una tercera versión circulaba en la tarde ayer desde distintos sectores: la supuesta existencia de armas dentro del pabellón. Si bien no podemos confirmar estos dichos, tampoco podemos descartarlos. Se sabe, es poco probable que un detenido pueda ingresar un arma dentro del establecimiento. También lo es que la familia pueda hacerlo, dada las exhaustivas requisas. Entonces, y no sería la primera vez, no quedan muchos actores para poner en juego.

Todas las miradas apuntan al Director de la unidad recientemente nombrado de apellido Muñoz. Según trascendió, el oficial habría prometido a funcionarios de alto rango “ordenar” la unidad en pocos días.

Los métodos de Muñoz son conocidos. El oficial carga con múltiples denuncias de violencia sobre sus espaldas. Durante su gestión como Jefe de Seguridad Interna años atrás, la denominada “guardia de Muñoz”, era sinónimo de hostigamiento y provocación constante hacia los detenidos, fogoneando el conflicto tanto entre la población carcelaria como con el personal penitenciario.

Durante la gestión anterior, Muñoz fue asignado a tareas administrativas y logísticas. Los “cambios” de este nuevo gobierno, y el desplazamiento en lo que va del año dos Directores para la Unidad, rescataron al oficial.

Muñoz fue premiado con el cargo de Director, a pesar de los antecedentes. Según fuentes cercanas al Servicio Penitenciario, el criterio fue “no tenemos otro”….

La Asociación Civil La Cantora, presentó en la tarde de ayer un recurso de Habeas Corpus, a favor de los detenidos, con el objeto que se investiguen las causas del incidente y se resguarde la integridad física de los mismos.

Si bien habría buena predisposición desde la Justicia para abordar el caso, se sabe que la posibilidad de torcer el rumbo es meramente política. “No va a pasar nada”, trascendió. Nada, otra vez.

El Estado Provincial no cumple con las órdenes judiciales y aloja a detenidos en comisarías clausuradas

En 2011 el Juez Pedro Pianta del TOC 5 de esa localidad, ordenó la clausura de tres comisarías en el marco de una visita institucional y junto a peritos especializados solicitados exclusivamente a la Asesoría Pericial de la ciudad de La Plata. Lo acompañaron peritos fotógrafos, peritos arquitectos y peritos ingenieros, lo cual indica el grado de seriedad de la clausura. Motivo de la inspección y a través de fotografías y mediciones, se ordenó que los detenidos fueron sacados de esas dependencias. Esto indicaba que desde ese momento no puedía haber detenidos en esas tres comisarías. Aunque parezca mentira, antes de que el juez rehabilitara esas dependencias, el Defensor General, Claudio Santagati, le presenta al Juzgado 5 una denuncia en la que consta que en esas mismas comisarías están siendo ingresados detenidos, violando la orden judicial. A esta gravedad, se suma que esas instalaciones policiales ya han sido inspeccionadas previamente por otros jueces en la misma zona, que nunca marcaron estas irregularidades y que firmaron informes indicando que estaba “todo bien”.

http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe que desarrollamos a continuación es una muestra más de que el Ejecutivo no responde a nadie; ni a Dios ni a la Patria ni a la Justicia. El Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, viola las órdenes judiciales y permite el alojamiento de detenidos en Comisarías clausuradas por el poder judicial.
El Doctor Pianta, vicepresidente del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Depto Judicial de Lomas de Zamora junto a un equipo de peritos expertos efectuó en los meses de marzo, abril, septiembre y noviembre de 2011, inspecciones a cuatro comisarías en el marco de las visitas institucionales previstas por los Acuerdos 3390 y 3415 de la S.C.J.B.A. El 11 de marzo lo hicieron en la Seccional Sexta de Monte Chingolo, partido de Lanús; el 14 de abril en la Seccional Quinta de Villa Fiorito, partido de Lomas; el 16 de septiembre en la Seccional Séptima de Villa Corina, partido de Avellaneda y el 14 de noviembre en la Seccional Tercera de Esteban Echeverría (Transradio), ciudad de 9 de abril. De las cuatro comisarías inspeccionadas tres de ellas culminaron con orden de clausura inmediata de sus calabozos: la 6ta de Monte Chingolo, la 5ta de Lomas de Zamora y la Tercera de Esteban Echeverría. En todos los casos, el denominador común fue la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad en lo que refiere a higiene, seguridad, capacidad, ventilación, iluminación e instalaciones complementarias. Y en todos los casos, se deja constancia de que queda en evidencia que “la totalidad de la superficie edilicia destinada al alojamiento de personas legalmente privadas de su libertad no reúne ni mínimamente las condiciones de habitabilidad que por imperio legal emanan del art. 18 de la Constitución Nacional, así como de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas.”

Según lo manifestado por el magistrado y peritos en esa oportunidad, en el caso de la Comisaría 6ta de Monte Chingolo el Titular de la Dependencia Policial Sub comisario Carlos Murature reconoció que actualmente se hallan alojadas 20 personas de sexo masculino, pese a que la dependencia cuenta con capacidad para alojar a 12 personas. El total de detenidos se encuentran ubicados en tres calabozos, lo cual genera un inevitable hacinamiento “que entre otras cosas se exterioriza por la gran cantidad de colchones tirados en el piso, ropa, y extrema suciedad, que imperan en el sitio”. A esto se suma que “los núcleos sanitarios no poseen sistema de descarga lo cual produce el anegamiento de los artefactos, que además se encuentran en el sitio en el que permanecen las personas alojadas”. Es por estas condiciones que el Doctor Pianta procede a su clausura.

Por su parte, un mes después la inspección en la Comisaría 5ta de Lomas de Zamora arroja como resultado igual grado de hacinamiento, siendo alojadas 15 personas en un espacio con cupo para ocho. En este caso, en presencia del Titular de la Dependencia Policial Sub Comisario Fabio Matucheski, uno de los detenidos manifesta “la condición de detención es un “asco” (textual)” y solicita ser trasladado a la comisaría de puente la noria o a alguna dependencia del Servicio penitenciario. En la quinta de Lomas el hacinamiento pudo leerse en el alto número de colchones tirados en el piso ante la falta de camastros y la suciedad. El resto de las deplorables condiciones de detención de estas dependencias es resumido como: “la totalidad de los inodoros se encuentran completamente anegados, y solo el baño de un calabozo posee un calefón eléctrico, debiéndose destacar que la instalación eléctrica es precaria (…) con el consiguiente riesgo para las personas alojadas. Respecto del agua corriente en la mayoría de los casos no existe. También, debe resaltarse, que no existe ningún patio careciéndose de un modo absoluto de iluminación y ventilación natural directa, extremo que hace prácticamente irrespirable la permanencia en el lugar.” A esto se añade que sólo uno de los calabozos cuenta con una canilla similar a una ducha. Estas sobradas referencias derivan en la clausura también de esta Comisaría.

Por último, meses más tarde se produce la clausura en dependencias de la Seccional Tercera de Esteban Echeverría; la cual se realiza en presencia del Titular de la Dependencia Policial Comisario Victor Hugo Villalba. En este caso, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad para el alojamiento de personas privadas de su libertad eran claras a simple vista, estando alojados todos los detenidos en un calabozo, siendo que el lugar cuenta con dos. “Un marco de extremo hacinamiento, que entre otras cosas se exterioriza por los colchones (que no son ignífugos) tirados en el piso, y por no existir camastros. Es notoria la existencia de ropa tirada en el piso, por no existir ninguna posibilidad de ubicarla en otro sitio, la extrema suciedad y el marcado encierro que imperan en el lugar; no existiendo ningún tipo de espacio abierto. Además, cabe señalar que los núcleos sanitarios no poseen sistema de descarga, y existe una sola canilla de provisión de agua no existiendo duchas. No hay calefón ni termotanque, debiéndose destacar que la instalación eléctrica es precaria con conexiones expuestas y factibles de provocar una pérdida de potencial eléctrico, no contando con tablero ni un disyutor diferencial, con el consiguiente riesgo para las personas alojadas. Respecto de la provisión de agua el propio titular de la dependencia manifestó que solo existen dos canillas en todo el perímetro de la seccional. También, debe resaltarse, que no existe ningún patio careciéndose casi de un modo absoluto de iluminación y ventilación natural directa, extremo que hace prácticamente irrespirable el lugar.” Fueron estos argumentos sobrados para que la clausura cayera también sobre esta dependencia policial de Esteban Echeverría, argumentando que la comisaría “no admite el alojamiento de detenidos cualquiera sea el número y el lapso de detención, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de encarar una serie de reformas que hagan de estos ambientes, ámbitos dignos y seguros.»

Incumplimiento de clausura a la Seccional Tercera Esteban Echeverría

Esta ardua tarea tanto del Juez Pedro Pianta como del grupo de peritos que derivó en la orden judicial de clausura, fue desoida por el Estado Provincial que en un acto de total desparpajo y sin que el magistrado que ordenó las clausuras diera ninguna orden de reahibilitación, volvió a alojar detenidos en esas dependencias. Esto se esclarece cuando el Defensor público Claudio Santagati le presenta al Juzgado 5 una denuncia en la que consta que en esas mismas comisarías están siendo ingresados detenidos. Se dirige al Magistrado Pedro Pianta por las Condiciones de habitabilidad en el sector calabozos de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, hace entrega del listado de detenidos y ordena, una vez más, la clausura de los mismos. En el escrito presentado por el defensor se detalla que en las fechas 8, 15 y 18 de marzo y 28 de mayo en Seccional Tercera de EE, hay alojadas personas privadas de su libertad pese a la clausura de calabozos efectuada el 14 de noviembre de 2011 en esas instalaciones. Asimismo el defensor señala que el 1 de junio pasado visita a la seccional tercera de EE en la cual dialoga con el Sucomisario Carlos Daniel Dorrea y donde se encuentra conque hay cinco detenidos alojados en la dependencia. Entrevista a cuatro de ellos, quienes le manifiestan que “hasta el momento no han sido vistos por ningún médico y que el único alimento que reciben es el que les brinda su familia.”

A esta gravedad, se suma que esas instalaciones policiales ya han sido inspeccionadas previamente por otros jueces en la misma zona, con la diferencia que estos jueces firmaron informes de que estaba todo bien, pese a que las irregularidades que el Dr Pianta y su equipo vieron en esas dependencias, vienen de larga data. Este hecho demuestra el grado de complejidad y la falta de respuestas por parte del poder político, ya que cuando un magistrado ordena algo, da una orden direccionada directamente al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo menos que pueden hacer los titulares de esas dependencias es cumplir con la orden del mismo. Pero es un constante retorno que habla de la connivencia del poder político, judicial y penitenciario o policial.

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