Casi dos tercios de los miles de menores condenados a cadena perpetua son de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados. La Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declaró inconstitucional hace más de un año esta pena a menores, pero 29 estados todavía lo establecen por ley.
Cristian Fernández se enfrenta a la mayor condena posible para un menor en EEUU: la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Eso equivale a pasar el resto de su días entre rejas. A sus trece años, Cristian será juzgado por un tribunal de Florida como un adulto por el asesinato en primer grado de su hermanastro de dos años y por abusar de otro de cinco en marzo de 2011.
Si es condenado a cadena perpetua, fecha del juicio, se convertiría en una de las personas más jóvenes en recibir esta pena en EEUU, pero no el único niño sentenciado a morir en una prisión norteamericana.
En la actualidad, 79 presos con menos de 14 años se encuentran cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, de los casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel, según cifras de Human Right Watch, un 16,4% del total de presos.
Casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados. Una polémica que se reabre después de que la Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declarase en mayo del año pasado que la cadena perpetua a menores era inconstitucional.
Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que tomaba el grupo de nueve magistrados: en 2005 abolió la pena de muerte para este colectivo, salvando a 50 niños del corredor de la muerte, y en 2010 declaró inválida la cadena perpetua para 130 menores sin delitos de sangre.
A pesar de ello, la histórica decisión no supone el fin de estas condenas, como ha quedado patente en el caso de Cristian Fernández. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema concluyó “que cualquier jurado o juez debe tener en cuenta los factores atenuantes que han llevado al joven a cometer el delito antes de imponer una condena que implique pasar toda la vida en prisión”.
El alto tribunal se pronunció respecto al caso concreto de dos menores de 14 años, Evan Miller y Kuntrell Jackson, aunque la sentencia sentó jurisprudencia.
“Espero que la mayoría de los convictos tengan nuevas sentencias, y admito que esta nueva decisión por parte puede hacer que los Estados cambien las condenas por su cuenta o modifiquen sus leyes”, sostenía Bryan Stevenson, abogado de ambos menores, tras conseguir la rebaja para sus defendidos.
Los magistrados del Supremo dejaban claro que “la posibilidad de que estas condenas se den, va a ser muy baja”, aunque no imposible, al acogerse a la Octava Enmienda, que garantiza el derecho a no ser sometido a castigos inusuales o crueles, a la inmadurez e impulsividad de los condenados para adoptar penas menos rigurosas que a un adulto.
Dejaba sin embargo la puerta abierta a la posibilidad de que sean juzgados como un mayor de edad, como es la situación de Cristian Fernández.
Además, algunos de los miembros del alto tribunal expusieron sus reticencias a la decisión. «No hay nada en nuestra Constitución que autorice a esta Corte a cambiar esta decisión», aseguraba el juez Thomas.
La facción más conservadora formada por su presidente, John Roberts, y los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito se opuso rotundamente a la medida, argumentando que “las decisiones sobre las sentencias más apropiadas para los adolescentes asesinos tienen que ser tomadas por los legisladores y no por los tribunales”.
Fuente: Diario Norte
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